La privación de libertad en Uruguay atraviesa hoy un punto crítico que trasciende el debate jurídico y penal. El aumento sostenido de la población encarcelada, la crisis estructural del sistema penitenciario y la profunda desigualdad que atraviesa a las mujeres y personas trans obligan a revisar de cerca cómo se garantiza —o se vulnera— la salud mental en cárceles uruguayas. En esta nota, basada en un trabajo final de grado, se revelan avances, brechas persistentes y desafíos sanitarios que siguen afectando de manera significativa a miles de personas en contextos de encierro.

Un panorama actual que preocupa

En la última década, Uruguay ha experimentado un crecimiento constante de su población penitenciaria, alcanzando cifras récord para la región. Entre 2019 y 2024, la población penitenciaria pasó de 11.574 a 16.118 personas privadas de libertad (PPL), posicionando al país en el décimo lugar a nivel mundial. Contrariamente, este aumento no ha sido acompañado por mejoras equivalentes en infraestructura, recursos humanos ni políticas de tratamiento.

El resultado es previsible: hacinamiento, precariedad edilicia, déficit de servicios básicos y una presión creciente sobre la salud física y mental de quienes habitan el sistema. La ociosidad prolongada, la falta de espacios socioeducativos y los entornos de encierro degradados se convierten en factores sostenidos de malestar psicológico.

La situación de las mujeres

Aunque continúan siendo minoría, las mujeres privadas de libertad han aumentado a un ritmo mucho mayor que los varones. Mientras la población masculina aumentó alrededor de un 35 % entre 2019 y 2024, la población femenina se duplicó. Tanto es así que se pasó de 628 a 1.344 reclusas en el mismo período.

Una parte sustantiva de este incremento responde a la criminalización del microtráfico de drogas, afectando de manera desproporcionada a mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Dicho crecimiento acelerado se da en centros con infraestructura limitada, servicios insuficientes y escaso acceso a la salud sexual y reproductiva y al bienestar mental. La maternidad, el cuidado de hijos pequeños y los antecedentes de violencia doméstica agravan su situación emocional durante el encierro.

Mujeres trans y violencias invisibilizadas

Dentro del sistema penitenciario, las mujeres trans privadas de libertad enfrentan un escenario aún más complejo. Suelen llegar a prisión tras trayectorias marcadas por expulsión familiar, discriminación estructural, trabajo sexual como único sustento y barreras persistentes para acceder a mejores condiciones de calidad de vida. En la cárcel, muchas continúan viviendo violencia simbólica, física o sexual, además de enfrentar dificultades para acceder a hormonización segura. Estas condiciones incrementan de forma considerable su riesgo de afectaciones graves a la salud mental y de vulneración sistemática de derechos.

Desafíos que persisten

La salud mental en las cárceles uruguayas se ve comprometida por elementos estructurales que operan día a día. El aislamiento prolongado, la falta de actividades significativas, los entornos violentos y la escasa privacidad generan un clima emocional hostil. La rutina carcelaria restringida y la ausencia de espacios terapéuticos adecuados profundizan aún más los síntomas como ansiedad, irritabilidad, depresión y desesperanza.

Atención psicológica y psiquiátrica

Los servicios clínicos dentro de las unidades son insuficientes. Las consultas suelen ser breves, esporádicas y centradas en la prescripción farmacológica. No existe un seguimiento clínico robusto, y en muchas cárceles no hay profesionales de salud mental en forma permanente.

Además, la articulación con el sistema sanitario es limitada, y los programas de acompañamiento psicosocial son escasos o inexistentes. Para las mujeres y personas trans, la situación es aún peor. Estas dificultades se agravan por barreras específicas vinculadas al género y por prácticas institucionales que no siempre contemplan su situación particular.

Autoeliminación y consumo problemático

Por otra parte, las afectaciones severas de salud mental también se expresan en tasas elevadas de ideación suicida, intentos de autoeliminación y consumo problemático de sustancias. En algunas poblaciones, como las mujeres trans, los índices son alarmantes. La ausencia de protocolos sólidos de prevención, el uso del aislamiento como respuesta ante crisis emocionales y la falta de acompañamiento intensivo configuran un entorno crítico que requiere intervención urgente.

Políticas públicas: Logros, límites y tensiones

En los últimos años, se han implementado iniciativas con perspectiva de género. Entre ellas, la creación de equipos especializados, espacios específicos para personas trans y mecanismos de monitoreo entre instituciones.

En conjunto, tales avances marcan un cambio en la gestión penitenciaria, impulsado por organizaciones sociales, academia y organismos estatales. Sin embargo, la magnitud de la problemática excede las capacidades actuales del sistema.

Salud, género y derechos

Pese a los esfuerzos, la distancia entre la normativa y la realidad cotidiana sigue siendo amplia. El acceso a controles ginecológicos, tratamientos anticonceptivos, atención durante el embarazo y servicios post egreso continúan siendo irregulares. Las prácticas discriminatorias, los prejuicios y la falta de recursos humanos capacitados persisten en varias unidades. La salud mental, en particular, continúa siendo un área crítica donde los programas terapéuticos sostenidos son escasos.

En este sentido, un abordaje integral exige reconocer cómo interactúan el género, la clase social, la identidad étnico-racial y las trayectorias previas de exclusión. Las mujeres privadas de libertad, que además son negras, migrantes, trans o viven con discapacidad, enfrentan riesgos multiplicados y requieren políticas diferenciadas que reconozcan esa acumulación de desigualdades.

Líneas de acción a futuro

Revisar el uso de la privación de libertad para delitos no violentos es una prioridad. Las alternativas como arresto domiciliario, supervisión comunitaria o programas de tratamiento específicos pueden reducir la sobrepoblación y evitar daños psicológicos adicionales. Además, permiten preservar vínculos familiares, reducir la reincidencia y garantizar un enfoque más humano y eficaz.

Asimismo, el sistema requiere protocolos estandarizados para distintos episodios de crisis, equipos clínicos estables, programas contra el uso problemático de sustancias y dispositivos de prevención del suicidio. La atención psicológica debe pasar de un modelo reactivo a uno preventivo y de acompañamiento continuo.

La importancia de otros actores

En este sentido, es importante subrayar que el sistema penitenciario no puede pensarse ni transformarse desde una única perspectiva. La participación de distintos actores resulta indispensable para comprender la complejidad de las dinámicas institucionales y para impulsar cambios sostenibles.

Las universidades aportan investigación, extensión y formación que permiten iluminar problemáticas históricamente invisibilizadas y generar conocimiento aplicado a la mejora de las condiciones de vida intramuros. La sociedad civil, por su parte, introduce una mirada crítica que defiende agendas de derechos, monitorea prácticas estatales y tensiona aquello que tiende a naturalizarse en contextos de encierro.

Finalmente, la Psicología contribuye con herramientas de evaluación e intervención basadas en evidencia, dispositivos de contención clínica y estrategias de prevención que permiten pensar políticas más humanas y sensibles a las desigualdades estructurales que atraviesan a las personas privadas de libertad.

Una transformación impostergable

La evidencia muestra que la privación de libertad, lejos de ser solo una sanción penal, opera como un mecanismo que profundiza desigualdades y afecta directamente el bienestar psicológico y social de quienes la transitan. Si no se modifica el enfoque estructural del sistema, la salud mental en las cárceles uruguayas seguirá siendo una deuda abierta. La implementación de políticas integrales con enfoque interseccional, la mejora en la atención sanitaria y la reducción del encarcelamiento por delitos no violentos son pasos esenciales para evitar que la prisión continúe generando daño.

Reformar el sistema penitenciario no es solo un desafío técnico: es un imperativo ético. Implica repensar cómo el país entiende a la justicia, qué modelos de convivencia promueve y qué lugar se les otorga a las personas privadas de libertad. Para las mujeres y personas trans encarceladas, esta transformación llega tarde. Para la institución en su conjunto, todavía está a tiempo de cambiar su rumbo.

Referencia bibliográfica

• Machín, M. (2025). Condiciones de encierro y derechos humanos en el sistema penitenciario uruguayo: el caso de mujeres y mujeres trans. Trabajo Final de Grado, Universidad de la República.